Pollicita pide revisar los impuestos de Adorni: ¿misma vara?

La causa contra Manuel Adorni podría cambiar de fuero, pero no se cierra: el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que deje de tramitar por enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para revisar posibles delitos tributarios. El juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el planteo.

Pollicita consideró que las pruebas reunidas no alcanzan para desmentir la explicación de Adorni sobre el origen previo de sus fondos y sostener que hubo un incremento patrimonial injustificado durante su paso por la función pública. Pero eso no equivale a un sobreseimiento: el fiscal señaló posibles irregularidades en ingresos declarados, tenencias de dólares y operaciones con criptomonedas.

La investigación revisó la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período en el que ocupó cargos en el Poder Ejecutivo. En ese lapso, la fiscalía identificó gastos por US$402.578. Aproximadamente US$374.000 se habrían pagado en efectivo. También detectó una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos comprobados y las erogaciones.

Para explicar esos movimientos, Adorni sostuvo que invirtió cerca de US$200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que, al vender esos activos, obtuvo US$591.544, que luego conservó en dólares billete. En septiembre presentó un descargo para responder 20 requerimientos de la fiscalía sobre propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares.

Pollicita ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa. Las pericias comprobaron que las billeteras existían, habían tenido actividad entre 2014 y 2018 y que, al momento de la verificación, sus claves estaban bajo control de la defensa. Sin embargo, no pudieron determinar quién las administraba durante ese período ni reconstruir completamente la identidad de todas las personas que participaron en las operaciones.

La fiscalía también analizó los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Concluyó que la inversión declarada en criptomonedas no era económicamente imposible, aunque esos registros no permitían acreditar por sí solos que las operaciones ocurrieron exactamente como describió la defensa.

El nuevo enfoque apunta a establecer si parte del dinero utilizado permaneció sin declarar ante los organismos tributarios. Entre los puntos que Pollicita pidió revisar están las operaciones con criptomonedas, la tenencia de dólares en efectivo, los ingresos profesionales usados para financiar las inversiones y las diferencias entre registros de plataformas digitales y declaraciones fiscales. También mencionó préstamos privados cuya entrega efectiva no pudo acreditarse completamente.

El dictamen señaló como posibles indicadores de irregularidades el uso recurrente de efectivo, las operaciones mediante terceros y la incorporación de bienes y fondos en declaraciones juradas rectificativas después del inicio de la investigación. Por eso, el fiscal pidió que la Justicia Nacional en lo Penal Económico evalúe si hubo maniobras vinculadas con Ganancias, Bienes Personales u otros impuestos nacionales.

Además, solicitó investigar por separado posibles irregularidades tributarias relacionadas con los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y con el contratista Matías Tabar. También pidió remitir antecedentes al organismo profesional correspondiente para que examine la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones investigadas.

La causa comenzó con una denuncia de la diputada Marcela Pagano y abarcó distintas operaciones patrimoniales. Entre las adquisiciones examinadas están una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento de la calle Miró al 500, en Caballito.

La propiedad de Indio Cuá fue comprada en noviembre de 2024 por US$120.000. Según la documentación incorporada a la investigación, US$100.000 provinieron de un préstamo privado y los US$20.000 restantes se pagaron en efectivo. Las reformas también están bajo análisis: Tabar declaró que cobró US$245.000 en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que los trabajos costaron US$175.000.

El departamento de Caballito se compró en noviembre de 2025 por US$230.000: US$30.000 se abonaron en efectivo y los US$200.000 restantes correspondieron a financiamiento privado. La fiscalía también había pedido explicaciones sobre viajes al exterior, gastos escolares, compras de mobiliario y consumos realizados con tarjetas de crédito de personas del entorno del exfuncionario.

La discusión, entonces, no terminó: Pollicita pidió que se determine si hubo obligaciones tributarias incumplidas, mientras el juez debe resolver el cambio de competencia. ¿Se revisará con el mismo rigor que se le exigiría a cualquier contribuyente?